marzo 28, 2026
Deuda de Pemex con proveedores peligra operación de MiPymes, advierte patronal mexicana

Vista hoy del logo de Pemex cerca al busto del General Lázaro Cárdenas, en las oficinas generales de Pemex en la Ciudad de México (México). Fotografía de archivo. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 127 constitucional que limita las pensiones de exfuncionarios de confianza en organismos como Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, estableciendo un tope máximo basado en el salario del titular del Ejecutivo federal.

La iniciativa, impulsada desde el gobierno federal, busca reducir pensiones que superaban el millón 107 mil pesos mensuales a niveles que podrían ubicarse por debajo de los 70 mil pesos, aplicando un límite del 50 por ciento de la remuneración de la Presidenta de la República.

Durante la sesión legislativa del 25 de marzo, grupos de pensionados de Pemex y CFE intentaron protestar al exterior del recinto de San Lázaro con un portazo, exigiendo que se diera marcha atrás a la modificación que afecta sus ingresos de retiro.

En el debate parlamentario surgieron posiciones encontradas entre los legisladores. La diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, justificó la reforma al considerar que las pensiones millonarias representan privilegios corruptos que no reflejan el trabajo realizado.

Por otro lado, el diputado Fernando Torres Graciano advirtió sobre posibles afectaciones injustas a personas con alta especialización y años de servicio al Estado mexicano, planteando preocupaciones sobre los derechos adquiridos de los trabajadores pensionados.

El diputado Erubiel Lorenzo Alonso Que también participó en la discusión legislativa, aunque su postura completa no fue detallada en los registros disponibles de la sesión.

La reforma se presenta con carácter retroactivo y aplicaría a extrabajadores de diversas entidades paraestatales y organismos financieros públicos del Gobierno Federal, generando un debate sobre los alcances constitucionales de la medida y sus implicaciones jurídicas para miles de jubilados.

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