Topolobampo, 16 de junio de 2026.- Comunidades indígenas mayo-yoreme y colectivos ambientales clausuraron simbólicamente los accesos a la planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, exigiendo la suspensión definitiva del proyecto financiado por capital suizo-alemán. La toma de la instalación, propiedad de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del grupo Proman, se llevó a cabo cerca de las 4:30 horas del lunes 15 de junio.
Felipe Montaño Valenzuela, gobernador indígena de Ohuira y vocero del movimiento, anunció que los manifestantes detuvieron los trabajos de construcción del complejo petroquímico y advirtieron que mantendrán el cerco permanente hasta conseguir la cancelación definitiva de los permisos federales. “Nosotros tomaremos la instalación el lunes (15 de junio) hasta tener resultados”, señaló Montaño Valenzuela, quien también es cobanaro de Ohuira.
El conflicto por la planta de amoniaco y metanol inició en 2014 y el proyecto, que lleva un 88% de avance, pretende producir 2,200 toneladas métricas diarias de amoniaco. Los manifestantes denuncian que se han rellenado 28 hectáreas de humedales, se han tumbado manglares y parte de la fauna ha empezado a migrar. “Estamos hablando de la muerte de la bahía y el desplazamiento de los pueblos originarios, porque esto va a generar un etnocidio y un ecocidio”, afirmó el líder indígena.
El proyecto está financiado con 860 millones de dólares por el banco público alemán KfW IPEX-Bank. Según datos recopilados, la planta succionará 2,000 metros cúbicos de agua salada por hora para mantener frío el amoniaco, descargando en la bahía agua con una temperatura superior a la original, de hasta tres grados más. Además, un informe de la empresa alertó de posibles fugas de gas que podrían generar nubes tóxicas en 45 kilómetros a la redonda, impactando a más de 40,000 personas.
El colectivo ¡Aquí! sostiene que el funcionamiento de la fábrica destruirá la pesca ribereña de la región y pondrá en riesgo de intoxicación masiva a miles de habitantes de los municipios de Ahome y Mazatlán. Se estima que el proyecto afectaría a más de 6,600 indígenas de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Río, ubicados en la bahía de Ohuira, donde se encuentra el humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira, declarado sitio RAMSAR.
Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, se reunió en privado con los representantes ejidales y les dijo que “ninguna autorización ambiental previa constituye un cheque en blanco para las empresas transnacionales”. Tras ello, la Semarnat inició una revisión técnica y científica exhaustiva. Paralelamente, ambientalistas mexicanos en Alemania realizaron marchas y bloqueos de vialidades para exigir al Gobierno de ese país el retiro inmediato de los fondos de financiamiento público destinados al proyecto.
Ante la situación, Felipe Montaño lanzó un ultimátum a las autoridades: “Clausuran ustedes, o clausuramos nosotros”.
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