Ciudad De México, 05 de abril de 2026.- El Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la ONU decidió solicitar que se lleve el asunto de los desaparecidos en México ante la Asamblea General de Naciones Unidas, tras concluir que “existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se han perpetrado y se siguen perpetrando en México como crímenes de lesa humanidad”.
Ante esta resolución, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó su discrepancia y calificó como “acomodaticia” la narrativa del comité, señalando que su diagnóstico es potencialmente sesgado. El organismo nacional afirmó que en México la desaparición forzada “ha dejado de ser política de Estado, como sí lo fue entre 1951 y 1990 y luego, de manera subrepticia y selectiva en complicidad con grupos delincuenciales, en los años de la llamada ‘guerra contra el narcotráfico'”.
La CNDH aseguró que los casos de desaparición forzada cometidos por autoridades federales han venido descendiendo desde 2018, “hasta prácticamente desaparecer”. Asimismo, criticó que el comité atendió la “opinión sesgada” de organizaciones como el Centro Prodh, a quienes acusó de estar “caracterizadas por su manipulación de las demandas en materia de derechos humanos en nuestro país”.
En contraste, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) consideró que la decisión del Comité de la ONU “abre una oportunidad para fortalecer una política integral de Estado” frente a la crisis de desapariciones. La CDHCM señaló que este proceso “plantea condiciones para fortalecer el diálogo y la cooperación” y urgió a que el Estado garantice los derechos de las víctimas, toda vez que la ONU concluyó que los esfuerzos de las autoridades mexicanas han sido insuficientes.
Organizaciones civiles también respaldaron la postura del organismo internacional. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) lamentó el rol de la CNDH en los últimos años, afirmando que “sólo confirma su pérdida de autonomía y la cooptación partidista”. Por su parte, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan afirmó que “desde la guerra sucia (1965-1990), el Estado mexicano ha utilizado la desaparición forzada como un método de represión política”.
El Comité de la ONU aclaró que no encontró evidencia de una política federal orientada a cometer estos delitos, aunque sí documentó casos con participación directa o indirecta de servidores públicos. De noviembre de 2014 a agosto de 2025, en los Centros de Justicia Penal Federal han sido tramitados 153 asuntos relacionados con desaparición forzada, con 357 presuntos responsables imputados; de estos, sólo en 26 casos derivaron en sentencias, nueve condenatorias y 17 absolutorias.
Según el registro nacional, en el país existen 132 mil 846 reportes de personas desaparecidas y no localizadas. Entre 2009 y septiembre de 2025, la CNDH registró 396 quejas por hechos que incluyeron la desaparición forzada o involuntaria. Tamaulipas concentra la mayoría de estas quejas con 72, seguido por Veracruz (42), Michoacán (40), Chihuahua (38) y Coahuila (34). De 2020 a 2025, la CNDH registró 46 expedientes de queja sobre este delito, lo que representa el 11.6 por ciento del total desde 2009.
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