Por Redacción
Secretaría De Gobernación (Ciudad De México, Según Múltiples Fuentes), 15 de marzo de 2026.- La coalición oficialista conformada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) logró perfilar un acuerdo para respaldar el denominado Plan B de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tras intensas negociaciones lideradas por la Secretaría de Gobernación que se extendieron hasta la madrugada del 14 de marzo. El acuerdo, anunciado por el senador Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado, busca implementar medidas de “austeridad republicana” enfocadas en reducir privilegios y costos del sistema político, con un ahorro estimado en cuatro mil millones de pesos.
La madrugada del sábado, al salir de las instalaciones de Gobernación, el senador Mier declaró que ya existía “un acuerdo muy perfilado” y “concluido”, cuya publicación oficial correspondería a la dependencia que encabeza Rosa Icela Rodríguez. Horas más tarde, senadores de los tres partidos emitieron un comunicado conjunto respaldando el Plan B propuesto por Sheinbaum, marcando un avance significativo tras el rechazo que sufrió la primera iniciativa de reforma electoral de la mandataria en la Cámara de Diputados, precisamente por falta de apoyo de sus aliados.
Sin embargo, en un matiz que revela la complejidad de las negociaciones, el diputado federal Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara Baja, declaró más tarde ese mismo sábado que “todavía no hay acuerdo con PT y PVEM para Plan B”, aunque reconoció una “buena actitud” y “una intención política correcta” por parte de los aliados. Esta aparente contradicción entre las declaraciones del Senado y la Cámara de Diputados sugiere que los detalles finales, especialmente en lo que respecta al proceso legislativo en la Cámara Baja, podrían aún estar en discusión.
El respaldo al Plan B se fortaleció con un posicionamiento conjunto de los diputados locales de Morena en los 32 congresos estatales, quienes mediante un desplegado publicado el 14 de marzo manifestaron su acompañamiento y respaldo a la reforma, argumentando que permitirá “terminar con privilegios y reducir los altos costos de la política mexicana”. Por su parte, el PVEM, a través de un comunicado separado, destacó coincidencias con la propuesta en puntos específicos como destinar los ahorros a programas sociales, terminar con privilegios en el uso de dinero público, disminuir presupuestos en congresos locales, establecer topes máximos en sueldos de legislativos estatales y reducir el número de cabildos municipales.
La presidenta Sheinbaum, consultada el viernes sobre el respaldo de sus aliados, había adoptado un tono cauteloso, señalando que “vamos a ver cómo responden” y confirmando que la Secretaría de Gobernación se encontraba “armando y terminando la propuesta” para enviarla al Congreso la próxima semana. El Plan B representa un replanteamiento estratégico de la administración, al enfocarse en recortes presupuestales y ajustes administrativos en legislativos locales y municipios, dejando de lado, por el momento, los cambios profundos al Instituto Nacional Electoral (INE) que generaron controversia en la iniciativa original.
El contexto político indica que el gobierno busca capitalizar el discurso de la austeridad y el combate a los privilegios de la clase política, un tema de amplio eco popular. La capacidad de la Secretaría de Gobernación para articular un frente unido entre Morena, PT y PVEM será crucial no solo para la aprobación de esta reforma, sino también para el resto de la agenda legislativa de la presidenta Sheinbaum. Los próximos días serán determinantes para conocer el texto completo de la iniciativa y el calendario preciso para su discusión en ambas cámaras del Congreso de la Unión.
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