Nueva York, 29 de marzo de 2026.- La Corte de Apelaciones de Nueva York revocó la sentencia que obligaba a la República Argentina a pagar más de 16,000 millones de dólares como compensación a accionistas minoritarios de YPF, tras considerar que la magistrada de primera instancia realizó una interpretación incorrecta de la ley argentina respecto a la expropiación del 51% de las acciones ocurrida en 2012.
El tribunal, integrado por tres jueces con un voto en disidencia, estableció que la jueza Loretta Preska trató los estatutos de YPF como si fueran un contrato bilateral, figura que no existe bajo la normativa legal de Argentina. En su decisión, los jueces señalaron que las demandas por daños por incumplimiento de contrato contra la República no son reconocibles bajo los códigos civiles ni el derecho público que rige la expropiación en el país sudamericano.
Este litigio fue iniciado por inversores minoritarios, entre ellos Petersen Energía y Eton Park, patrocinados por el fondo Burford Capital, quienes alegaron discriminación al no recibir la misma oferta de compensación que la petrolera española Repsol cuando el gobierno argentino nacionalizó la empresa. En 2012, el Estado argentino había acordado pagar 5,000 millones de dólares como compensación a Repsol, operación que dio pie a que estos fondos iniciaran el juicio en Nueva York reclamando un trato equivalente.
La sentencia de primera instancia, emitida en 2023, había condenado a Argentina a pagar la indemnización millonaria más intereses, pero la Cámara de Apelaciones devolvió el caso a la instancia inferior para que se realicen los procedimientos ulteriores conforme a esta nueva opinión jurídica. El presidente Javier Milei celebró el fallo, mientras que Axel Kicillof, quien fuera ministro de Economía durante la expropiación y actual gobernador de Buenos Aires, cuestionó la festividad del gobierno nacional ante la resolución judicial.
Con esta decisión, se despeja temporalmente el mayor nubarrón judicial que pesaba sobre el horizonte financiero argentino, aunque el caso podría tener futuras instancias de revisión. La defensa del Estado argentino mantuvo durante más de una década la postura de que la legislación nacional estaba por encima del estatuto de la empresa, argumento que finalmente prevaleció en esta etapa apelativa en los tribunales de Estados Unidos.
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