Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia que declara la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos sufridas por Ernestina Ascencio en 2007, un caso que involucra denuncias de agresión sexual por parte de elementos del Ejército en el estado de Veracruz. La Secretaría de Gobernación (Segob) recibió el fallo, que marca un precedente sobre la obligación de investigar con perspectiva de género e interseccionalidad.
El tribunal regional determinó que las autoridades mexicanas vulneraron los derechos a la vida y a la salud de la víctima indígena nahua, así como las garantías y protección judicial. La Corte destacó que el Estado falló al no actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar los hechos, agravando la situación con una falta de enfoque que considerara la condición de género y etnia de Ascencio.
Además de la responsabilidad por los hechos directos contra Ernestina Ascencio, la sentencia reconoce la afectación a la integridad de sus familiares, quienes han luchado durante años por justicia e impunidad. El organismo internacional ordenó al Estado mexicano implementar medidas de reparación integral y de no repetición, aunque los detalles específicos de dichas acciones serán definidos en la fase de cumplimiento supervisada por la Corte.
Este caso, ocurrido en febrero de 2007 en la comunidad de Tepetzintla, Veracruz, se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia sexual militar y la discriminación estructural en México. La decisión de la Corte IDH obliga al país a revisar sus protocolos de investigación en casos que involucren a mujeres indígenas y a garantizar que el sistema de justicia opere sin estereotipos discriminatorios.
La emisión de esta sentencia en 2026 reabre el debate sobre la justicia histórica para las víctimas de abusos cometidos por fuerzas castrenses y pone a prueba la capacidad del gobierno federal para acatar las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos. Se espera que la Segob coordine con otras dependencias la ejecución de las medidas ordenadas para cerrar este capítulo de impunidad.
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