Por Redacción
Managua, 21 de julio de 2026.- El presidente Daniel Ortega anunció la suspensión indefinida de comicios en Nicaragua, eliminando formalmente el mecanismo electoral como vía de acceso al poder. El anuncio se realizó durante un discurso pronunciado en la celebración del 47 aniversario de la revolución sandinista.
Ortega argumentó que la medida busca impedir el regreso de la oposición política al Gobierno y consolidar el esquema de poder que comparte con su esposa, Rosario Murillo. “Aquí no volverá a haber elecciones (…) para que por ahí intenten ellos [la oposición] atrapar al Gobierno, atrapar al poder. Se acabó la historia de que los partidos puestos por los ‘yanquis’, puestos por los ‘somocistas’, vuelvan a llegar al Gobierno. Jamás, jamás”, declaró el mandatario.
Para lograr este objetivo, el Gobierno trabajará con la Asamblea Nacional, subordinada a la Presidencia, y con las organizaciones correspondientes a las leyes. Ortega, quien ha encabezado el poder de forma consecutiva desde 2007 tras un primer mandato en la década de 1980, asumió su cuarto periodo consecutivo en enero de 2022 luego de unos comicios cuestionados internacionalmente.
Tiziano Breda, analista de la organización ACLED, señaló que la decisión constituye un repliegue defensivo derivado de la pérdida de respaldo popular del régimen. Según Breda, Ortega y Murillo temen que cualquier apertura política permita el resurgimiento de la disidencia interna, razón por la cual optaron por suprimir la competencia electoral en vez de organizar procesos considerados fraudulentos.
Por su parte, Félix Maradiaga, dirigente opositor excarcelado y deportado a Estados Unidos en 2023, calificó la postura del mandatario como una muestra de debilidad institucional más que de fortaleza política. Maradiaga, quien preside el movimiento en el exilio Ruta del Cambio, fue uno de los precandidatos detenidos antes de las elecciones de 2021.
Este episodio se suma a una crisis sociopolítica que se remonta a abril de 2018, cuando protestas antigubernamentales dejaron más de 300 fallecidos según organismos de derechos humanos. Aquel contexto derivó en un aislamiento diplomático creciente, sanciones financieras de la Unión Europea y EE.UU., así como advertencias de la OEA sobre posibles crímenes de lesa humanidad.
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