Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- Especialistas e investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), agrupados en la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico y el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia, preparan denuncias formales contra exdirectores y funcionarios actuales de la institución por presuntos daños graves al patrimonio maya durante la construcción del Tren Maya. Las acusaciones señalan responsabilidades directas de Diego Prieto, exdirector del INAH, así como de Margarito Molina, director del Centro INAH Quintana Roo, y Manuel Pérez Rivas, encargado del salvamento arqueológico del proyecto ferroviario.
Los denunciantes alertan que, bajo el argumento de proyectos de desarrollo y creación de parques memoriales, se han cometido acciones irreversibles contra sitios arqueológicos. Fernando Cortés de Brasdefer, arqueólogo del INAH, estimó que más de 62,000 estructuras mayas no han sido recuperadas adecuadamente hasta 2026. La controversia se centra especialmente en el parque Balam Tun, donde se reporta la reubicación de 36 monumentos arqueológicos y una supuesta mezcla de piezas desmanteladas que altera su contexto original, lo que los expertos califican como una deformación del registro histórico.
Además de la situación en Balam Tun, las denuncias abarcan intervenciones en Chetumal, donde se cuestiona la restauración de 47 monumentos mayas realizada sin los protocolos científicos establecidos. Los especialistas sostienen que estas acciones constituyen un crimen contra la arqueología nacional, pues priorizan la velocidad de la obra sobre la preservación integral de los vestigios, utilizando en algunos casos maquinaria pesada y métodos expeditos que destruyen la estratigrafía y la información contextual de los hallazgos.
El conflicto refleja una fractura interna en el organismo encargado de proteger el patrimonio cultural de México, ya que son los propios técnicos e investigadores quienes alzan la voz contra la dirección de la institución y los responsables operativos del salvamento. Las denuncias buscan establecer responsabilidades administrativas y penales por la pérdida de información histórica y la modificación arbitraria de monumentos, apelando a la legislación federal que protege los bienes arqueológicos.
Hasta el momento, no se ha registrado una respuesta oficial detallada por parte de los funcionarios señalados ni de la dirección general del INAH respecto a las imputaciones específicas sobre el uso de dinamita o retroexcavadoras para destruir monumentos. La comunidad académica espera que las autoridades competentes, como el Ministerio Público o la Fiscalía Especializada, inicien las investigaciones correspondientes para verificar la veracidad de los informes técnicos presentados por los denunciantes.
Este episodio pone en tensión la narrativa oficial del Tren Maya como un proyecto de desarrollo sostenible, al enfrentar evidencias técnicas que sugieren costos culturales elevados. La resolución de estas denuncias marcará un precedente sobre cómo se gestionará el patrimonio en futuras obras de infraestructura y determinará si existen sanciones para quienes autorizaron o ejecutaron las intervenciones cuestionadas en la península de Yucatán.
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