Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Organizaciones civiles mexicanas solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vigilar el desplazamiento forzado interno que afectó a más de 390,000 personas entre 2016 y 2024, con 28,900 casos solo en 2024 y 15,795 durante 2025, principalmente en estados como Morelos y Guerrero donde operan grupos del crimen organizado. La petición coincide con la absolución de Javier ‘N’, único detenido por el asesinato del activista Samir Flores Soberanes, debido a pruebas insuficientes de la Fiscalía federal.
El crimen organizado trasnacional, que incluye múltiples actividades ilícitas más allá del narcotráfico, ha generado desplazamientos masivos en contextos de disputas territoriales y violencia criminal. Las organizaciones solicitantes destacaron que el Estado mexicano no cuenta con un registro oficial integral ni políticas específicas para atender esta crisis humanitaria.
En el caso de Samir Flores Soberanes, asesinado en 2019, la investigación se vio empañada por el homicidio de dos testigos clave y contradicciones de agentes ministeriales, lo que llevó a la absolución del único imputado. Paralelamente, el gobierno reconoció parcialmente su responsabilidad en la ejecución extrajudicial de Bonfilio Rubio Villegas por elementos del Ejército, aunque la familia exige un reconocimiento expreso de la culpabilidad de las fuerzas armadas.
Estos casos evidencian los desafíos persistentes en materia de seguridad y justicia, donde la impunidad y la debilidad institucional favorecen la escalada de violencia. La intervención de la CIDH buscaría presionar al Estado mexicano para implementar medidas concretas de protección a desplazados y garantizar investigaciones eficaces en crímenes contra activistas.
El contexto político nacional muestra una creciente preocupación internacional por las violaciones a derechos humanos en México, particularmente en regiones controladas por grupos criminales. La respuesta del gobierno a la solicitud de las organizaciones civiles y los avances en los casos judiciales emblemáticos serán clave para evaluar el compromiso real con la justicia y la seguridad ciudadana.
About The Author
