Ciudad De México, 10 de abril de 2026.- Las detenciones de inmigrantes en la vía pública se multiplicaron por once durante el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump, lo que equivale a un incremento de más del 1,000%, según un análisis que compara los últimos seis meses de la Administración de Joe Biden (2021-2025) con los datos a marzo de 2026.
El reporte destaca que la probabilidad de que ICE tuviera como objetivo a personas con antecedentes penales se redujo considerablemente. En contraste, hubo un aumento de más de ocho veces en el número de detenciones de personas sin antecedentes penales, cifra que representa un incremento del 770% en este periodo. Las detenciones de ICE por traslado de reclusos desde cárceles y prisiones a su custodia prácticamente se duplicaron en el último año.
Este aumento en las detenciones se tradujo en un incremento aún mayor, de cinco veces, en el número de deportaciones. La tasa de deportaciones ejecutadas en un plazo de dos meses tras la detención se duplicó, pasando del 27% al 57%, mientras que la liberación en un plazo de 60 días tras la detención se convirtió en un suceso excepcional, ocurriendo solo en el 7% de los casos. Además, las salidas voluntarias y los retornos se multiplicaron por 28, un fenómeno que el Reporte de la Universidad de California Berkeley describe como algo que quizás indica que “muchas más personas optaron por desistir de sus casos”.
Para financiar estas operaciones, el Gobierno de Donald Trump destinó más de 250 millones de dólares en Estados Unidos para programas de cooperación entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y departamentos de policías locales. Hasta la fecha, 976 departamentos de policía en todo el país han firmado este tipo de acuerdos, recibiendo el gobierno federal más de 100 mil dólares por departamento, con un bono adicional de 7,500 dólares por cada agente que entre en el programa. Florida y Texas son los estados con más adhesiones, con 270 y 161 departamentos respectivamente.
Según estimados de FWD, el DHS ha entrenado a entre 13,800 y 15,800 policías en todo el país para realizar labores de migración. Bajo el actual gobierno, más del 70 por ciento de las personas retenidas en centros de detención no han sido condenadas por ningún crimen; quienes sí tienen convicciones, son en su mayoría por delitos menores, incluyendo violaciones de tráfico. Felicity Rose, vicepresidenta de política de justicia penal de FWD.us, señaló que este esquema “incentiva el sesgo racial en la actuación policial y los arrestos por delitos menores”, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que la medida “ayudaría a arrestar y deportar a ‘lo peor de lo peor, incluyendo asesinos, miembros de pandillas, violadores y terroristas'”.
La Administración Trump también cuadruplicó con creces, 4.5 veces, el número de camas de detención destinadas a personas arrestadas dentro del territorio estadounidense. La leve disminución en los operativos migratorios durante febrero y principios de marzo de 2026, tras los asesinatos de los estadounidenses Renée Good y Alex Pretti en Mineápolis, apenas alteró los patrones de la agresiva campaña de deportaciones. Las autoridades migratorias han estado bajo escrutinio público después de que agentes dispararon mortalmente contra dos ciudadanos estadounidenses en enero pasado en medio de estos operativos en Minnesota.
En un incidente reciente ocurrido un martes pasado cerca de la Interestatal 5 en Patterson, California, Carlos Iván Mendoza Hernández fue herido por agentes del ICE. Todd Lyons, director interino de ICE, dijo que los oficiales migratorios “efectuaron los disparos defensivos” después de que Mendoza Hernández supuestamente intentara atropellar a uno de ellos. Lyons afirmó que el inmigrante era un miembro de la pandilla Calle 18 buscado en El Salvador en relación con un asesinato. Sin embargo, Patrick Kolasinski, abogado de Mendoza Hernández, negó que su cliente fuera miembro de alguna pandilla y mostró documentos que lo habían absuelto de una acusación previa. Kolasinski declaró: “Fue muy claro en este punto: que retrocedió (su vehículo) porque intentaba huir, dado que le estaban disparando”. El DHS advirtió que sus oficiales actuaron “para protegerse a sí mismos, a sus compañeros agentes y al público”.
El clima de temor ha tenido consecuencias fatales. Jesús Juárez Cruz, un inmigrante mexicano de 50 años, murió a finales de febrero sin haber ido a un hospital por miedo a ser detenido y deportado por ICE. Guadalupe, su viuda, relató: “We were afraid that ICE agents would come and take him away”. Juárez dejó cuatro huérfanos y una deuda funeraria de 34,000 dólares. Desde que Trump regresó al poder el año pasado, han surgido informes de agentes enmascarados entrando en hospitales para realizar arrestos, una práctica que había sido prohibida durante años en estos espacios considerados lugares sensibles, pero que fue derogada como una de las primeras acciones del nuevo mandatario.
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