Por Redacción
Ensenada, 20 de julio de 2026.- Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, fue detenido el jueves 16 de julio de 2026 en Ensenada, Baja California, tras obtener la Fiscalía General de la República (FGR) una orden de aprehensión en su contra. La medida judicial fue librada el 13 de julio de 2026 por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, quien también giró órdenes contra otros 24 imputados, entre ellos Carlos Xavier Treviño Sepúlveda, por los delitos de delincuencia organizada, un delito en materia de hidrocarburos y contrabando. Previamente, el 22 de junio de 2026, el juez Mario Elizondo Martínez había negado dicha orden.
La audiencia inicial contra Ruffo Appel y otros siete presuntos implicados comenzó la noche del 17 de julio de 2026 a las 22:00 horas vía videoconferencia ante la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. El procedimiento se extendió por más de 30 horas, aunque algunas fuentes reportaron una duración de 40 horas. Como resultado, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega dictó prisión preventiva contra Ruffo Appel y sus coacusados debido a su posible participación en delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.
El lunes 20 de julio de 2026 a las 14:15 horas, Ernesto Ruffo Appel ingresó al penal de máxima seguridad del Altiplano junto con otros cuatro imputados. Por motivos de salud, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales permanecerán en sus domicilios, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillén quedó presa en el Cereso Nezahualcóyotl Sur. La FGR informó que la defensa de los acusados se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica se definirá el martes 21 de julio de 2026.
En la resolución judicial, la jueza Ramírez de la Vega concluyó que la participación de Ernesto Ruffo Appel “no se limita a una intervención material aislada, sino que corresponde a la de un dirigente dentro de una organización criminal con dominio funcional del hecho, desde donde organizó, coordinó y ejecutó un esquema ilícito”. La investigación, que tuvo origen en el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila, identificó la participación de 70 personas, incluyendo representantes aduanales y servidores públicos. La empresa Ingemar, de la cual Ruffo es accionista mayoritario, está vinculada al caso.
La fiscal Ernestina Godoy afirmó que se desmanteló “la red de huachicol más grande de México”, señalando que la agrupación causó una afectación al erario por más de 4,000 millones de pesos; otra fuente elevó la cifra a 4,456 millones de pesos. La presidenta Claudia Sheinbaum descartó motivaciones políticas en la detención: “Es falso que haya un asunto político aquí. Es derivado de una investigación que tiene un año”, declaró, añadiendo que el caso no tiene relación con audios filtrados de la gobernadora Marina del Pilar Ávila. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, precisó que aún faltan más aprehensiones por cumplimentar.
Frente a estos hechos, Verónica Ruffo, hija del exgobernador, denunció un “trato indigno y humillante” por parte de la FGR y exigió “la presunción de inocencia, el debido proceso y un juicio con pruebas, no una condena política anticipada”. Por su parte, Roberto Gil Zuarth, exsecretario de Gobernación, criticó que la audiencia inicial se desarrollara “a puerta cerrada. Sin prensa, sin público, sin familiares”, exigencia respaldada por el Partido Acción Nacional (PAN) que llamó a respetar las garantías constitucionales. Asimismo, Coparmex en Tijuana, Mexicali y Ensenada consideró que el caso refleja una aplicación “discrecional” de la ley para crear “cortinas de humo”.
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