Ciudad de Mexico, 29 de marzo de 2026.- Autoridades federales aceptaron la exigencia de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace más de 11 años y siete meses, para que sea el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) quien realice los estudios genéticos de una bolsa con restos óseos hallada en la funeraria El Ángel, ubicada en la carretera federal México-Acapulco.
En el contexto de la 138 Acción Global por Ayotzinapa, Isidorio Vicario, abogado de las familias, informó que lo anterior fue confirmado al referirse a la diligencia realizada el sábado pasado en el crematorio, donde fue encontrada una bolsa con la leyenda “2014”, hecho sobre el cual los padres han externado incertidumbre. “Lo que dijeron las autoridades es que sí se van a coordinar con el equipo argentino para realizar los trabajos correspondientes”, indicó en entrevista.
Durante un mitin realizado en el Hemicilo a Juárez, tras marchar desde el Ángel de la Independencia, Mario González, padre del normalista César Manuel, cuestionó que después de medio año de realizado un cateo en la funeraria los hayan convocado al lugar para mostrarles el hallazgo. La situación ocurre en un momento de división entre los familiares: un grupo mayoritario, integrado por más de veinte padres, quiere mantener las marchas en la Ciudad de México cada mes, mientras que un grupo minoritario de quince prefiere seguir la ruta legal.
Felipe de la Cruz, vocero del grupo minoritario y padre de un alumno de la Normal Isidro Burgos, señaló que el resto de los padres “se han ido muriendo” sin conocer la verdad. Esta fractura se evidenció recientemente cuando el grupo minoritario de padres no fue notificado de la diligencia ministerial encabezada por personal de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), a la cual sí asistió una comisión del grupo mayoritario.
Organizaciones como el Centro de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y Fundar Centro de Análisis e Investigación han dado seguimiento al caso, mientras las familias continúan confrontadas sobre la estrategia para exigir justicia tras más de una década de impunidad y cambios de gobierno.
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