Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La discusión de la reforma electoral conocida como ‘Plan B’ en el Senado de la República registró un estancamiento este martes, tras postergarse la dictaminación del proyecto que busca modificar cuatro artículos constitucionales en materia electoral y de austeridad republicana. La decisión surge ante la falta de consenso con el Partido del Trabajo (PT) respecto a la fecha para realizar la revocación de mandato presidencial y la incertidumbre sobre la cantidad de votos favorables en el pleno legislativo.
Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, había anunciado inicialmente que el dictamen estaría listo para ser discutido el 24 de marzo. Sin embargo, fuentes parlamentarias indicaron que el proceso fue retrasado hasta después de la Semana Santa debido al rechazo del PT a un punto central de la iniciativa: establecer junio de 2027 como la fecha para el proceso de revocación de mandato, coincidiendo con las elecciones legislativas. El partido aliado considera que esta simultaneidad beneficiaría electoralmente a Morena.
La divergencia en las evaluaciones políticas quedó expuesta en declaraciones de los líderes legislativos. Óscar Cantón Zetina, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, aseguró que la coalición gobernante cuenta con los votos necesarios para aprobar el dictamen en las comisiones. Por el contrario, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es consciente de que podrían no alcanzar los votos requeridos en el Congreso, lo que refleja la complejidad de las negociaciones actuales.
El contenido de la reforma incluye propuestas para reducir el número de regidores y síndicos en los municipios, así como establecer un tope presupuestal del 0.7% para los congresos locales. Ante el debate, los partidos de oposición, incluyendo el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), han solicitado retirar la iniciativa, argumentando preocupaciones sobre el impacto en el sistema electoral.
En medio de la controversia, siete consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) —Arturo Castillo Loza, Carla Humphrey, Martín Faz, Rita Bell López, Jaime Rivera, Dania Ravel y Claudia Zavala— emitieron un posicionamiento para desmentir la autoría de un documento crítico sobre el Plan B que circulaba en versiones extraoficiales. Los funcionarios electorales aclararon que dicho análisis no proviene de la institución que dirigen, buscando precisar el origen de los argumentos técnicos en disputa.
La situación mantiene en espera la definición de la agenda legislativa, mientras los actores políticos continúan sus mesas de trabajo para intentar destrabar los nudos críticos de la reforma. El resultado de estas negociaciones determinará si la iniciativa logra avanzar en el periodo ordinario de sesiones o si su discusión se extenderá hacia el siguiente periodo legislativo.
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