Ciudad Juárez, 28 de marzo de 2026.- Organizaciones defensoras de derechos humanos realizaron una vigilia en la estancia del Instituto Nacional de Migración (INM), ubicada en el puente internacional Santa Fe de esta ciudad, donde acusaron que a aproximadamente tres años del incendio ocurrido en este sitio, que dejó 40 migrantes muertos y 27 lesionados, todavía no llegan la verdad ni la reparación integral del daño.
Las organizaciones señalaron la falta de justicia efectiva para las 82 víctimas, conformadas por 40 personas fallecidas, 27 hombres y 15 mujeres sobrevivientes, así como procesos penales sin sentencias firmes contra funcionarios del INM, personal de seguridad privada y otras personas involucradas.
En un conversatorio realizado en la Ciudad de México, Fundación para la Justicia, el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) y Derechos Humanos Integrales en Acción denunciaron que el Estado se niega a dar el reconocimiento legal como víctimas a las mujeres sobrevivientes, quienes argumentan que no sufrieron lesiones físicas pero padecen daños psicológicos.
Lorena Cano, del Imumi, expuso que actualmente no todos los que vivieron esta tragedia han recibido una reparación o compensación económica, entre ellas 15 mujeres que no han sido reconocidas como víctimas bajo el argumento de que no sufrieron lesiones. Además, los familiares de los sobrevivientes tampoco han recibido apoyo como víctimas indirectas.
Marcos Zavala, abogado de Fundación para la Justicia, indicó que a la fecha sólo hay cuatro personas en prisión y siete siguen su proceso en libertad, mientras que el ex titular del INM, Francisco Garduño, continúa acusado por ejercicio ilícito del servicio público. Las organizaciones denunciaron que los responsables de más alto rango se encuentran en procesos penales que les favorecen a través de una justicia desigual.
Las organizaciones civiles advirtieron que el cumplimiento de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sido parcial, y recordaron que las personas migrantes se encontraban bajo custodia del Estado mexicano al momento del incendio, por lo que existe una responsabilidad directa de garantizar su vida, seguridad y acceso a la justicia.
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