Tenancingo, 18 de junio de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ejerció acción penal contra seis personas presuntamente relacionadas con la simulación del secuestro de la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco. La institución señaló que el evento, ocurrido a finales de mayo, fue un montaje planeado para obtener un rescate de 40 millones de pesos con recursos del ayuntamiento y cubrir un desfalco.
Tres personas ya fueron detenidas: Karla Valeria ‘N’, Víctor Manuel ‘N’ y Cristian ‘N’. Contra dos hombres más, identificados como José Roberto ‘N’ y Oscar ‘N’, familiares cercanos de la alcaldesa, existen órdenes de captura vigentes y son considerados prófugos. La servidora pública será sometida a una audiencia de formulación de imputación el próximo 9 de julio por el delito de simulación de secuestro.
De acuerdo con las indagatorias, que incluyeron análisis de videograbaciones, entrevistas ministeriales y rastreo telefónico, no se observan actos de violencia física contra la alcaldesa durante el momento en que abordó el vehículo utilizado, el cual era empleado habitualmente por uno de los detenidos. Las investigaciones indican que la presidenta municipal dio indicaciones sobre rutas para evitar cámaras de vigilancia y, durante el trayecto, utilizó un teléfono celular para comunicarse con familiares.
En una conversación telefónica recabada como prueba, Nancy Nápoles Pacheco pidió expresamente “que no avisara a la policía”. Un testimonio recabado por la Fiscalía refiere que “todo lo estaban planeando ellos, ya que pensaban pedir un rescate de 40 millones de pesos y que dicho rescate saliera del ayuntamiento, ya que había un desfalco y que eso les serviría para justificar el dinero”.
La planeación del supuesto secuestro habría comenzado desde febrero de este año por parte de José Roberto ‘N’ y Oscar ‘N’, identificados como esposo y cuñado de la alcaldesa, respectivamente. Los presuntos participantes fueron localizados días después en el estado de Oaxaca. Inicialmente, la alcaldesa denunció haber sido privada de la libertad afuera de su domicilio y que sus captores le exigieron gestionar el pago de los 40 millones de pesos a cambio de su liberación.
Debido a los indicios relacionados con un posible faltante de recursos públicos, la FGJEM dio vista a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM). De acuerdo con la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, los particulares investigados podrían alcanzar una penalidad de hasta 16 años de prisión, mientras que la servidora pública enfrentaría una sanción de hasta 700 jornadas de trabajo a favor de la comunidad.
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