Morelia, 28 de marzo de 2026.- Un juez de control del fuero común giró 16 órdenes de aprehensión en contra del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, el exsecretario de Seguridad Pública estatal, Juan Bernardo Corona Martínez, y 14 agentes de la Policía Estatal, en relación con un operativo realizado en abril de 2017 en la localidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen. Carlos Torres Piña, titular de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán, confirmó la emisión de los mandamientos judiciales.
Los delitos imputados a los involucrados son homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad. Las órdenes responden a los hechos ocurridos el 5 de abril de 2017, durante un despliegue policial en la comunidad indígena que resultó en la muerte de cuatro personas. De acuerdo con la información disponible, el operativo contó con la participación de un contingente que, según distintas fuentes, osciló entre 200 y más de 800 elementos policiales.
En el contexto de los hechos, se reportaron siete policías heridos. Asimismo, un informe sobre el caso documenta 10 casos de tortura, 38 tratos crueles e inhumanos y 48 detenciones arbitrarias cometidas durante la intervención. Para Silvano Aureoles Conejo, esta representa la segunda orden de aprehensión en su contra; previamente fue señalado por un presunto desfalco millonario vinculado a la construcción de estaciones de policía.
Existen discrepancias en los registros sobre las causas inmediatas y detalles logísticos del operativo de 2017. Mientras algunas versiones apuntan a una disputa por 512 hectáreas de bosque y el cierre de una carretera como detonantes, otras indican que el objetivo era la recuperación de vehículos retenidos por la comunidad. Del mismo modo, varía la cifra de los vehículos involucrados en los bloqueos, mencionándose desde 20 unidades hasta alrededor de cien vehículos de carga.
La confirmación de estas nuevas acusaciones judiciales ocurre nueve años después de los hechos violentos en la región purépecha. La Fiscalía estatal ha asumido la responsabilidad de dar seguimiento a los mandamientos emitidos por el juez de control, sin que hasta el momento se haya detallado públicamente la situación procesal específica de cada uno de los 14 agentes señalados junto a los dos exfuncionarios de alto nivel.
About The Author
