Coatzacoalcos, 27 de marzo de 2026.- Un grupo interinstitucional integrado por la Semar, Semarnat, Sener, ASEA, Pemex y Profepa mantiene operaciones de contingencia en el litoral del Golfo de México tras identificar un derrame de hidrocarburos que ha obligado al despliegue de más de 2,450 elementos. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que existe un derrame original proveniente de un barco, aunque aclaró que las autoridades investigan el origen de otras manchas presentes en la zona.
De acuerdo con el informe oficial, se han intervenido 223 kilómetros de playas y retirado más de 430 toneladas de contaminantes. Las autoridades identificaron tres fuentes de emanación: un presunto vertimiento ilegal de un buque en la zona de fondeo de Coatzacoalcos y dos chapopoteras naturales ubicadas en el Golfo. El gobierno federal indica que las acciones de respuesta iniciaron tras la detección del fenómeno el pasado 3 de marzo.
En contraste, organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Conexiones Climáticas y CartoCrítica presentaron imágenes satelitales que sugieren una afectación mayor. Las ONG reportan una extensión de 630 kilómetros de litoral impactado y una mancha de 50 kilómetros cuadrados. En un comunicado conjunto, estos grupos señalaron que la evidencia visual “evidencia conocimiento temprano, contención insuficiente y opacidad oficial”.
Las organizaciones ambientales criticaron la falta de información pública oportuna sobre la magnitud del derrame, sus riesgos y las medidas de respuesta implementadas. Mientras la versión gubernamental menciona múltiples focos de contaminación incluyendo el Complejo Cantarell, las ONG sostienen la hipótesis de un origen único ocurrido en febrero cerca de la plataforma Abkatún, en Campeche, derivado de una embarcación, lo que contradice la línea de tiempo y la causalidad presentada por las dependencias federales.
La discrepancia entre ambas narrativas pone en el centro del debate la transparencia del manejo de la contingencia. Aunque se mantienen labores de limpieza coordinadas en puntos estratégicos, persisten cuestionamientos sobre si existió un conocimiento oficial del vertimiento desde febrero, tal como acusan los activistas, o si la respuesta fue inmediata tras los reportes de marzo como indica el Ejecutivo.
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