Por Redacción
Iguala, 22 de marzo de 2026.- Autoridades federales encargadas de las búsquedas realizaron este 21 de marzo una inspección en la funeraria Ángel de Iguala, donde localizaron una bolsa con restos óseos humanos datados de 2014 y un horno crematorio clandestino. El hallazgo se produce a más de 11 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa y coincide con acciones legales contra funcionarios judiciales y un líder social por presuntas irregularidades en el caso.
La inspección contó con la presencia de madres y padres de los normalistas, estudiantes de la normal de Ayotzinapa, organizaciones de derechos humanos y funcionarios federales. Entre los participantes destacaron Mauricio Pazarán, titular de la Unidad Especializada de Investigación de Litigación y Coordinación de Acciones (UEILCA); Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración y presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj); y Claudia Galindo, secretaria técnica de la Covaj.
En paralelo al hallazgo en la funeraria, se ha vinculado a Blanca María del Rocío Estrada Ortega, identificada como visitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, con la presunta pérdida de videos clave para la investigación. Las autoridades indagan su responsabilidad en la desaparición de dicho material probatorio, aunque no se han especificado los cargos precisos ni el contenido exacto de las grabaciones extraviadas.
Asimismo, la detención de Ubaldo Segura Pantoja, un líder social, ha sido relacionada con el movimiento por los 43 normalistas. Sin embargo, las fuentes disponibles no establecen una conexión directa entre su caso y las líneas de investigación sobre la funeraria o los videos del Poder Judicial, sugiriendo que podría tratarse de un hecho paralelo o vinculado de manera indirecta a las protestas.
Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, se encuentra entre los actores que han seguido de cerca estas diligencias. Hasta el momento, no se ha confirmado una relación directa entre los restos óseos hallados en la funeraria y el caso Ayotzinapa, ya que las autoridades continúan indagando dicho vínculo.
Estas acciones se desarrollan en un contexto de múltiples frentes de investigación que buscan esclarecer los hechos de 2014. Las irregularidades señaladas, tanto en la preservación de evidencia como en la gestión de funcionarios locales, mantienen la tensión entre las familias de las víctimas y las instituciones encargadas de impartir justicia en Guerrero.
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