Ciudad De México, 19 de junio de 2026.- El Departamento de Seguridad Nacional tiene previsto deshacerse de siete de los 11 almacenes que compró por mil millones de dólares con el objetivo inicial de convertirlos en centros de detención para inmigrantes. La agencia venderá o traspasará a otras agencias federales dichos inmuebles, en los que invirtió 700 millones de dólares para adquirirlos.
Convertir los almacenes en centros de detención era parte de la política antiinmigrante del Gobierno del presidente Donald Trump, puesta en marcha por la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Sin embargo, el nuevo secretario Markwayne Mullin ha declarado públicamente su deseo de que la agencia sea más discreta en la forma en que lleva a cabo las medidas de control migratorio.
Entre los centros que ya no abrirán sus puertas figura el almacén que ICE había comprado en Roxbury, Nueva Jersey. La gobernadora demócrata de ese estado, Mikie Sherrill, celebró la decisión y la consideró una victoria para la seguridad pública, el municipio de Roxbury y el estado. “Los planes siempre fueron ilegales: el almacén de Roxbury es un centro logístico diseñado para el manejo de paquetes, no para miles de personas, y no contribuía en absoluto a la seguridad de Nueva Jersey”, afirmó Sherrill.
La compra de los almacenes, destinada a establecer una red de 24 nuevos centros, generó rechazo en las comunidades opuestas a estos proyectos. Incluso líderes republicanos escribieron al Departamento de Seguridad Nacional para oponerse a la instalación de los centros en las comunidades que representan.
Según el inspector general del país, por algunos almacenes se ha pagado más de 145 millones de dólares, sin incluir la inversión necesaria para renovarlos para su propósito original. El mayor reto que enfrentó la iniciativa fueron las demandas ambientales basadas en la ley federal.
Respecto a la situación, el New York Times señaló: “La realidad de crear un nuevo sistema de detención ha resultado compleja, al igual que las promesas de deportaciones masivas han chocado con la complicada burocracia que conlleva intentar expulsar a un gran número de personas”.
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