Por Redacción
Mexicali, 19 de marzo de 2026.- El juez de control Gerardo Anguiano Ceja imputó formalmente al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, tras una audiencia que se extendió por más de 10 horas entre el 18 y 19 de marzo. La decisión judicial establece que existen pruebas necesarias para vincular al exmandatario con el fallido proyecto de una planta fotovoltaica que involucra 123 millones de pesos.
La magistratura determinó que los elementos presentados son suficientes para formular la imputación, dando paso a la siguiente etapa del proceso penal. La audiencia de vinculación a proceso ha sido programada para el lunes 23 de marzo a las 9:00 horas en el Centro de Justicia de Mexicali, donde se decidirá si Bonilla Valdz queda sujeto a proceso penal.
En su declaración, Jaime Bonilla Valdez mantuvo su postura de que el estado nunca se comprometió a construir la planta fotovoltaica, atribuyendo dicha responsabilidad a la empresa Next Energy. El exgobernador argumentó que únicamente existía una garantía de depósito para cubrir la primera mensualidad y calificó como una “narrativa errónea” las acusaciones provenientes de la administración actual y los medios de comunicación.
Por su parte, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda señaló que la denuncia surgió debido a inconsistencias detectadas en los contratos y el desarrollo del proyecto, enfatizando que se trata de un asunto legal y no de una confrontación personal. Bonilla Valdez cuestionó por qué no se ha citado a los diputados del Congreso de Baja California que aprobaron la iniciativa, sugiriendo que la responsabilidad es compartida con el poder legislativo.
El caso se centra en un contrato firmado durante la administración de Bonilla que no logró concretarse, generando la retención y posterior regreso de fondos por 123 millones de pesos. La defensa del exgobernador deberá presentar sus argumentos formales en la próxima audiencia, mientras la fiscalía consolida las pruebas específicas que motivaron la imputación judicial.
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