Jerusalén, 31 de marzo de 2026.- La Knesset (Parlamento israelí) aprobó una ley que permite la pena de muerte por ahorcamiento para palestinos condenados por terrorismo en los tribunales militares de Cisjordania. La votación registró discrepancias en los reportes: una fuente indicó 62 votos a favor y 48 en contra, mientras que otra reportó 64 votos a favor y 48 en contra. El primer ministro Benjamín Netanyahu votó a favor de la medida.
La normativa se aplica exclusivamente en los tribunales militares que juzgan a acusados palestinos, ya que los colonos israelíes en Cisjordania están sujetos a la legislación civil. La ley obliga a estos tribunales a castigar con la pena capital el asesinato de israelíes en ‘actos de terrorismo’, permitiéndoles optar por la cadena perpetua solo si aprecian ‘circunstancias especiales’. La decisión de imponer la pena de muerte no requiere unanimidad, bastando con una mayoría simple.
Entre las disposiciones más severas, la ley elimina el derecho de apelación, exige que la sentencia se emita en un plazo de 90 días y permite la realización de ejecuciones secretas por ahorcamiento. Asimismo, impone un régimen de aislamiento casi total a los condenados a muerte. Según lo establecido, la ley no se aplicará retroactivamente a los detenidos en los ataques del 7 de octubre de 2023, aunque la Knesset tramita otra iniciativa legislativa que sí prevé aplicar este castigo a posteriori para esos casos específicos.
El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, fue el principal impulsor de la reforma legal y la calificó como “un día de justicia para las víctimas y un día de disuasión para nuestros enemigos”. “No más puertas giratorias para los terroristas, sino decisiones claras. Quien elige el terrorismo, elige la muerte”, declaró Ben Gvir, quien también definió la norma como “una medida disuasoria” y una “ley histórica”. Además, afirmó: “Hoy devolvemos el orgullo al pueblo de Israel […] Hay actores en la UE que nos quieren ver como el 7 de octubre [de 2023, el ataque de Hamás]: muertos, callados y otra vez secuestrados”.
Por su parte, la Presidencia de la Autoridad Palestina condenó la ley, calificándola de ‘racista’ y una ‘flagrante violación del derecho internacional humanitario’. En un comunicado, el organismo palestino señaló: “Estas leyes no van a quebrar la voluntad del pueblo palestino ni socavar su resistencia, ni lo disuadirá de seguir con su lucha legítima por la libertad, la independencia y el establecimiento de un Estado palestino independiente con Jerusalén Este como capital”.
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