abril 5, 2026
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Brasilia, 03 de abril de 2026.- El presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmó que Geraldo Alckmin será nuevamente su candidato a vicepresidente para las elecciones de octubre de 2026. El anuncio se realizó durante un encuentro ministerial en la capital brasileña, donde el mandatario señaló que su compañero de fórmula deberá abandonar su cargo actual en el gabinete ejecutivo.

“El compañero Alckmin tendrá que dejar el Ministerio de Industria y Comercio porque se presenta de nuevo como candidato a la vicepresidente de la República”, declaró Lula. Alckmin, de 73 años, ocupa actualmente la vicepresidencia y la cartera de Industria y Comercio. Su salida forma parte de una reconfiguración del gobierno provocada por la próxima campaña electoral, que ya ha precipitado la renuncia de 18 de los 38 ministros.

En otro frente de la contienda, el gobernador del estado de Goiás, Ronaldo Caiado, oficializó su candidatura presidencial para los comicios de octubre representando al Partido Social Democrático (PSD). El acto de lanzamiento tuvo lugar en São Paulo, donde Caiado, también de 73 años, se presentó como una tercera vía en un panorama polarizado entre Lula y Flávio Bolsonaro.

Al definir sus propuestas, Caiado afirmó: “Mi primer acto será precisamente una amnistía amplia, general e ilimitada”, en referencia al expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple una larga condena por urdir un golpe de Estado. Caiado, quien gobierna Goiás desde 2018 y ya se enfrentó a Lula en las presidenciales de 1989 quedando en décimo lugar, busca capitalizar un espacio electoral donde los sondeos lo sitúan rondando el 4%, mientras Lula y Bolsonaro aparecen empatados por encima del 40%.

Paralelamente a los movimientos políticos, el gobierno implementó nuevas medidas ambientales. A partir del miércoles 2 de abril de 2026, los bancos en Brasil están obligados a revisar la base de datos Prodes, del Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE), para verificar si propiedades solicitantes de crédito rural subvencionado han talado árboles desde 2019. Esta norma afecta a créditos por unos 53.000 millones de dólares y busca cumplir la promesa de eliminar la deforestación en 2030.

Andre Lima comentó sobre la medida: “Así convertimos a cada gerente de banco que gestiona créditos subsidiados en un inspector de deforestación ilegal”. El último balance anual indica que la Amazonia perdió 5.796 kilómetros cuadrados de vegetación nativa, un 11% menos que el año anterior, aunque casi una quinta parte del crédito subvencionado otorgado entre 2020 y 2023 fue para operar propiedades deforestadas.

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