Ciudad De México, 09 de abril de 2026.- El Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) activó para México el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de las Personas Contra Desapariciones Forzadas, tras destacar la ‘imperante impunidad’ y una ‘impunidad estructural’ que provoca la reproducción de estos delitos en el país. La decisión se basa en que las más de 132 mil 400 personas desaparecidas al 19 de febrero de 2026 son ‘indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional, sin que se vislumbre una tendencia inversa’, explicó Juan Pablo Albán, presidente del Comité.
Según datos estatales citados por el CED en abril de 2022, sólo entre el 2 y el 6 por ciento de los casos de desaparición habían sido judicializados y se habían dictado únicamente 36 sentencias a nivel nacional. En 2023, el organismo insistió en la deficiencia en la judicialización y persecución penal, así como en un uso limitado de investigaciones de campo y medios de prueba científicos. A inicios de 2026, las cifras oficiales estiman alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar, un aumento respecto a los 52 mil registrados durante la visita del Comité en 2021.
El informe detalla patrones de desapariciones forzadas que incluyen colusión entre autoridades de los tres niveles de gobierno. En Coahuila, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) documentó ‘prácticas sistemáticas’ entre 2006 y 2016, donde fuerzas policiales secuestraron víctimas para entregarlas al cártel de los Zetas entre 2009 y 2012, y posteriormente autoridades estatales ejecutaron desapariciones directamente mediante fuerzas especiales como GATE y GROM. Se identificó el uso, ‘en ocasiones’, de recursos públicos como vehículos e instalaciones oficiales para la comisión de estos hechos.
Los cuatro estados donde el Comité tomó casos paradigmáticos fueron Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco, aunque también se señaló la prevalencia de desapariciones en Nuevo León, Guanajuato, Tabasco, Morelos, Baja California y Estado de México. El CED recordó que los Estados son responsables de las desapariciones realizadas por servidores públicos o por grupos criminales bajo la aquiescencia de la autoridad. Como parte de su visita en 2021, el Comité entregó 84 recomendaciones al gobierno mexicano.
Con la activación del Artículo 34, el Comité busca que la Asamblea General adopte medidas para apoyar a México a prevenir, investigar, sancionar y erradicar las desapariciones forzadas. Sin embargo, el gobierno federal ha rechazado las conclusiones del informe. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que el documento ‘no tomó en cuenta las observaciones y actualizaciones presentadas desde 2019’. Por su parte, el canciller Roberto Velasco argumentó que el Comité hacía referencia al estatuto de Roma, redefiniendo el concepto de desaparición forzada.
México, como Estado Parte, planteó que las desapariciones se dieron en periodos anteriores asociados a violencia criminal y aseguró que actualmente existen marcos legales, comisiones de búsqueda y programas de subsidio para mejorar la situación. No obstante, el CED mantiene que persisten problemas estructurales, habiendo recibido en 2021 testimonios sobre desapariciones atribuidas a fuerzas de seguridad federal, estatal y municipal, empresas de seguridad privada y grupos delictivos que actuaron ante la inacción de las autoridades.
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