Ciudad De México, 02 de abril de 2026.- El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU decidió elevar la situación de México, con carácter urgente, ante la Asamblea General, mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó categóricamente la resolución.
El CED activó el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y señaló que la magnitud de las desapariciones en México podría constituir crímenes de lesa humanidad. Como prueba de la gravedad, citó el hallazgo continuo de fosas comunes clandestinas, con más de 6,200 cadáveres y 76,000 restos humanos, la mayoría sin identificar.
Juan Albán-Alencastro, presidente del CED, subrayó que lo que define a un crimen de lesa humanidad es el patrón de los ataques contra la población civil. “El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las altas esferas del Gobierno, lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”, afirmó.
Por su parte, la SRE calificó el informe del CED como tendencioso y sesgado. La dependencia acusó al organismo de ignorar las actualizaciones y análisis presentados por la administración actual, y alegó que el marco del CED no corresponde a la realidad del país. El gobierno mexicano argumentó que el informe se basa principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Las autoridades mexicanas afirmaron que se han emprendido transformaciones estructurales desde 2019 y con reformas clave en julio de 2025. La SRE lamentó que el CED no considerara herramientas actuales como la Alerta Nacional de Búsqueda, la Plataforma Única de Identidad y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
En un comunicado, la SRE declaró: “El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”. El Gobierno de México reiteró su disposición a la cooperación técnica internacional, pero advirtió que no aceptará premisas que no reflejen la transformación institucional lograda en el último año.
Santiago Corcuera, expresidente del CED, consideró deplorable la respuesta del Estado mexicano ante la decisión del comité. “Es una muy mala señal”, indicó Corcuera, quien lamentó que no se esté aprovechando el momento para reconocer la gravedad del fenómeno.
La solicitud del CED se ha enviado al secretario general de la ONU, António Guterres, para que la remita urgentemente a la Asamblea General. El CED señaló la falta de una mejora sustancial desde su visita en 2021 y advirtió que en algunos casos denunciados las investigaciones apuntan a la posible participación directa de funcionarios públicos.
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