Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- Un padre identificado como Wilber A.C. fue condenado a 65 años de prisión por el delito de abandono de personas agravado, tras la muerte de dos de sus tres hijos menores, cuyos cuerpos fueron hallados en febrero de 2023 en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. El Tribunal de Enjuiciamiento del estado dictó la sentencia luego de que la Fiscalía General de Oaxaca acreditó la omisión de cuidados, la cual obligaba a los niños a vender botanas en vías públicas y establecimientos nocturnos para subsistir, careciendo de condiciones básicas de bienestar.
Los hechos ocurrieron en Juchitán de Zaragoza. Los cuerpos de los menores, identificados como Perla y Daniel, de 9 y 8 años respectivamente, fueron encontrados sin vida en las inmediaciones de la carretera Juchitán-Ixtaltepec, en el municipio de El Espinal. Las autoridades policiales reportaron en su momento que los cuerpos no presentaban heridas por proyectil de arma de fuego ni lesiones por arma blanca, por lo que se presume que fallecieron por asfixia.
El proceso judicial determinó la responsabilidad del padre, quien mantenía a sus tres hijos en una situación de abandono. El tercer hijo, de 6 años, sobrevivió a la situación. La Fiscalía estatal logró probar que el acusado incumplió de manera grave con su obligación de cuidado, protección y asistencia, exponiendo a los menores a un peligro constante al obligarlos a trabajar en la calle sin supervisión adulta.
El caso generó conmoción en la región del Istmo de Tehuantepec, donde la explotación laboral infantil y la vulnerabilidad de las familias en situación de pobreza extrema son problemas recurrentes. La sentencia de 65 años de prisión es una de las más severas impuestas en el estado por un delito de esta naturaleza, marcando un precedente en la judicialización del abandono de menores que culmina en tragedia.
La sentencia se da tras más de tres años de proceso legal. Las autoridades no han proporcionado información pública sobre la situación actual del hijo sobreviviente de 6 años, ni sobre la identidad o el paradero de la madre de los niños. El fallo judicial cierra un capítulo doloroso para la comunidad, al tiempo que pone sobre la mesa la necesidad de reforzar los mecanismos de protección a la infancia y las redes de apoyo social en una de las regiones con mayores índices de marginación del país.