Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Parlamento Europeo aprobó este jueves el nuevo Reglamento de Retornos, una normativa que endurece las políticas migratorias de la Unión Europea mediante la creación de centros de deportación en terceros países y la ampliación de los plazos de detención administrativa. La votación se saldó con 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones, marcando un giro significativo en la gestión de flujos migratorios en el bloque comunitario.
El texto aprobado faculta a los Estados miembros para establecer centros de retorno fuera del territorio europeo, destinados a alojar a migrantes cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas mientras se gestiona su repatriación. Esta medida busca agilizar las expulsiones y requiere la firma previa de acuerdos con los países receptores, respetando teóricamente el principio de no devolución. El modelo sigue la línea de iniciativas previas impulsadas por Italia en Albania, aunque adaptado ahora al marco legislativo comunitario.
Entre las disposiciones más severas del reglamento destaca el aumento del periodo máximo de internamiento de personas en situación irregular, el cual podrá extenderse hasta por 24 meses. Asimismo, la normativa exige a los migrantes cooperar activamente en su propio proceso de retorno; el incumplimiento de esta obligación puede derivar en sanciones que incluyen la retirada de prestaciones sociales, la cancelación de permisos de trabajo e incluso medidas penales.
La aprobación en la Eurocámara representa un paso intermedio en el procedimiento legislativo. A partir de ahora, se deberá iniciar un trilogo entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo de la Unión Europea para negociar y cerrar el texto definitivo. Fuentes del proceso indican que existe interés en concluir estas negociaciones sin dilaciones excesivas, dada la prioridad que diversos gobiernos nacionales han otorgado al control fronterizo.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han expresado preocupación por las implicaciones de estas nuevas reglas, advirtiendo sobre posibles riesgos para las garantías fundamentales de las personas vulnerables. No obstante, los promotores de la iniciativa sostienen que el endurecimiento de las normas es necesario para elevar la tasa efectiva de expulsiones y disuadir la migración irregular, estableciendo prohibiciones de entrada de larga duración o indefinidas en casos específicos.
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