Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- El diputado Arturo Ávila presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, por presunto uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada. Ávila señaló que la conducta denunciada vulnera el artículo 134 constitucional al tratarse de propaganda con promoción personalizada en obras y programas públicos.
Durante la presentación, el legislador exhibió imágenes de propaganda en la alcaldía que, aseguró, acreditan la promoción personalizada. Ávila afirmó que los hechos constituyen una violación constitucional clara y acusó a la alcaldesa de usar su cargo para posicionar su imagen con fines político-electorales, por lo que pidió frenar la precampaña anticipada.
“Lo que estamos viendo es a una funcionaria pública más preocupada por su promoción personal que por resolver las demandas básicas de la ciudadanía”, declaró Arturo Ávila. El diputado exigió al INE actuar con firmeza, ordenar el retiro del material y garantizar de inmediato que no se usen recursos públicos para fines electorales anticipados.
En un tema relacionado con las funciones del organismo electoral, Luisa Alcalde, consejera jurídica de la presidencia, detalló cuál sería la función de la comisión del INE en la verificación de candidaturas para bloquear al crimen organizado. Alcalde explicó que esta medida será una ayuda a los partidos para que puedan detectar si sus aspirantes tienen vínculos delictivos antes de definir sus postulaciones.
La propuesta incluye la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas del INE, la cual recibirá las solicitudes de los partidos políticos para investigar a sus posibles candidatos. Según explicó Luisa Alcalde, cada partido decidirá si someter a su aspirante a investigación, ya que el proceso es voluntario. La comisión del INE recibe la solicitud y pide la indagación a instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Centro Nacional de Inteligencia.
Estas instituciones entregarán un reporte sobre si el posible candidato tiene “riesgo razonable” o no de vínculos con la delincuencia, y el INE pasará toda la información a los partidos políticos. A partir de lo dictaminado, serán los propios partidos quienes decidan si postulan o no a esa persona.
Luisa Alcalde aclaró que el INE no emitirá juicios propios ni tendrá facultades para impedir candidaturas, reiterando que este órgano no será quien investigue a los aspirantes, sino que operará únicamente como receptor y facilitador de la información entre instituciones.
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