Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó el estatus de donataria autorizada al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), medida que impacta directamente a más de 100 organizaciones de la sociedad civil que han visto afectada su capacidad para recibir deducibles fiscales. La acción del fisco se basa en la consideración de que la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) no contaba con las atribuciones legales para acreditar las actividades de estas entidades, generando una discrepancia legal y operativa en el sector.
De acuerdo con la información disponible, al menos 13 organizaciones ya han sido dadas de baja formalmente, aunque el universo de entidades afectadas por la revocación o la incertidumbre regulatoria supera la centena. El IMCO, asociación civil fundada en 2003, aseguró haber cumplido puntualmente con sus obligaciones fiscales y con la acreditación solicitada por la SECIHTI, lo que pone de manifiesto la contradicción entre el cumplimiento reportado por las organizaciones y la interpretación jurídica del SAT.
La controversia surge de nuevas disposiciones que exigen a las organizaciones acreditar sus actividades ante instancias específicas. Mientras el IMCO sostiene que realizó los trámites correspondientes ante la secretaría encargada de la materia, el SAT invalida dichos procesos al cuestionar la competencia de la autoridad emisora. Esta divergencia deja en un limbo administrativo a numerosas entidades que dependen de dicho estatus para operar y mantener sus programas sociales.
El contexto de esta decisión se da en un entorno donde diversas fuentes internacionales han señalado narrativas de criminalización o restricción hacia las organizaciones no gubernamentales, aunque en el caso mexicano el conflicto se centra en aspectos técnico-legales sobre las atribuciones de las secretarías de estado para validar fines específicos de las donatarias. La falta de claridad en las nuevas disposiciones ha derivado en la cancelación de beneficios fiscales para actores clave en la investigación y la competitividad.
Hasta el momento, no se ha hecho pública una lista completa de las más de 100 organizaciones afectadas, ni los detalles específicos de la resolución final sobre las solicitudes presentadas por el IMCO y otras entidades ante el SAT. La situación mantiene en espera a la sociedad civil, que busca una definición clara sobre los mecanismos válidos para conservar su estatus de donataria autorizada bajo el nuevo esquema de acreditación.
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