Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo la revisión del caso de huachicol fiscal más relevante hecho público en el país, luego de que un tribunal federal en Veracruz anuló el proceso penal por no cumplirse el requisito de procedibilidad. La decisión busca definir si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o la Administración General de Aduanas (ANAM) deben representar el interés fiscal en este tipo de delitos.
El caso involucra a Édgar Marín Meza Moreno e Irving Espinosa Betanzo, quienes están vinculados al presunto contrabando de 21.5 millones de litros de diésel. La empresa Administración de Impulsora de Productos Sustentables figura en la investigación como parte de la operación cuestionada.
La anulación del proceso original se debió a la falta de intervención previa de la Dirección General Jurídica de Aduanas de la ANAM, un requisito indispensable para dar procedencia a la acción penal. Además, se detectó una citación incorrecta en la audiencia inicial, lo que vició el procedimiento seguido hasta ese momento.
Con la atracción del caso, el máximo tribunal del país analizará los fundamentos legales que determinan qué autoridad administrativa tiene la facultad de representar los intereses del fisco ante la justicia penal en materias de contrabando de combustible, estableciendo un precedente para futuras investigaciones similares.
Esta revisión judicial ocurre en un contexto donde la definición de competencias entre las agencias fiscales ha generado debates sobre la eficacia en la persecución del robo de hidrocarburos y la evasión de contribuciones relacionadas con el comercio exterior de energéticos.
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