Por Redacción
La Nación (Scjn), 17 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retomó este martes un debate crucial para unificar el cálculo de indemnizaciones civiles por muerte, donde se enfrentan dos criterios: usar la Unidad de Medida y Actualización (UMA) o el salario mínimo vigente, con una diferencia en el monto diario que supera los 197 pesos. La discusión, impulsada por un proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama, busca resolver una contradicción entre los criterios de la extinta Primera y Segunda Salas, lo que afecta directamente el monto que reciben los familiares de víctimas fatales.
El caso llega al pleno tras una denuncia de posible contradicción de tesis, derivada de un juicio ante el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito. Mientras la Primera Sala resolvió en marzo de 2024 que la indemnización por lucro cesante (pérdida de ingresos) podía calcularse con base en salarios mínimos para lograr una reparación integral, la Segunda Sala determinó en julio del mismo año, en el caso 363/2024, que es constitucional utilizar la UMA para dicho cálculo.
La disparidad económica es significativa. Para 2026, el salario mínimo general diario es de 315.04 pesos, mientras que el valor de la UMA diaria es de 117.31 pesos. Esto implica que, dependiendo del parámetro que se aplique, el monto final de la indemnización puede variar en casi un 200%, una diferencia que impacta profundamente en la reparación del daño a las familias afectadas.
El proyecto de la ministra Batres, que se programa por tercera ocasión para discusión en el pleno, busca establecer un criterio único y obligatorio para todos los tribunales del país. La resolución tendrá efectos vinculantes y busca brindar certeza jurídica en uno de los aspectos más sensibles del derecho civil: la compensación económica por la pérdida de un ser querido.
El debate se enmarca en una discusión más amplia sobre los mecanismos de actualización de valores legales y su adecuación para garantizar una reparación justa. La UMA, creada para sustituir al salario mínimo en cálculos de multas, créditos y otros conceptos, ha sido criticada por su menor valor y su posible insuficiencia para reflejar el verdadero impacto económico de una muerte.
La decisión de la Corte marcará un precedente fundamental para futuros juicios civiles y de responsabilidad extracontractual. Se espera que la votación defina no solo el parámetro a utilizar, sino también los principios rectores para la valoración del daño moral y material en casos de fallecimiento, cerrando una contradicción que ha generado inseguridad jurídica por más de dos años.
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