Por Redacción
México, 19 de marzo de 2026.- La gestión del agua en México enfrenta una crisis multifacética con la implementación de tandeos en varias regiones del país, mientras ejidatarios de San Antonio de los Bravos, San Luis Potosí, denuncian corrupción y tráfico de influencias en la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Las autoridades capitalinas confirmaron interrupciones parciales del servicio para lograr una distribución más equitativa del líquido, en un contexto donde el Sistema Cutzamala mantiene más del 80% de almacenamiento pero persisten problemas de infraestructura.
Los ejidatarios potosinos señalaron que Conagua ha favorecido irregularmente a un comité alterno mediante prácticas de corrupción, lo que ha generado conflictos por el reconocimiento de la representación legítima de la comunidad. Esta denuncia contrasta con las acciones oficiales del gobierno de San Luis Potosí, que instaló un Consejo Técnico Consultivo del Agua para fortalecer la gestión hídrica estatal.
Paralelamente, en Gómez Palacio, Durango, el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) lanzó una licitación pública para la rehabilitación del emisor central y colector San Ignacio, proyecto que requerirá una inversión superior a los 500 millones de pesos e involucra tuberías de 72 y 60 pulgadas de diámetro. Esta obra busca atender la crítica situación de infraestructura que afecta a la región de La Laguna, compartida con Torreón, Coahuila.
La Comisión Estatal de Agua de San Luis Potosí (CEA) también desarrolla acciones para mitigar los efectos de la sequía moderada a severa que durante 2025 afectó al 16% del territorio nacional, aunque se ha registrado una recuperación parcial en 2026. Las autoridades hídricas enfrentan el desafío de equilibrar la distribución del recurso mientras avanzan en proyectos de rehabilitación urgente en múltiples estados.
El escenario se complica por la existencia de dos comités ejidales con reconocimiento conflictivo por parte de Conagua, situación que según los denunciantes evidencia las fisuras en la gestión institucional del agua. Mientras las autoridades insisten en un enfoque técnico para la distribución, las comunidades afectadas exigen transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos hídricos.
La crisis de infraestructura hídrica nacional requiere soluciones inmediatas que combinen inversión en rehabilitación con mecanismos de distribución equitativa, en un país donde el acceso al agua se ha convertido en un tema de creciente conflictividad social y política.
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