Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que absolvió a Pío López Obrador de las acusaciones derivadas de los videos donde aparece recibiendo dinero en sobres amarillos. Durante su conferencia matutina, la mandataria federal señaló que el órgano constitucional determinó que no se cometió ningún delito y subrayó que dicha institución cuenta con mecanismos propios para revisar posibles violaciones a las leyes electorales.
“Pues ya dijo el Tribunal Electoral que no cometió ningún delito”, afirmó Sheinbaum al ser cuestionada sobre el caso. La presidenta agregó que corresponde analizar los fundamentos en los que se basó el tribunal para emitir su resolución, mostrando respaldo a la decisión judicial que exime de responsabilidad al hermano del exmandatario Andrés Manuel López Obrador.
En contraste con la postura oficial, el periodista Carlos Loret de Mola, quien difundió el material grabado por David León en 2020 a través de LatinUS, denunció que la absolución representa una “venganza del régimen”. Loret de Mola aseguró que todas las instituciones del Estado relacionadas con el caso se han alineado para exonerar a Pío López Obrador, cuestionando la imparcialidad del proceso.
Ante este desenlace judicial, Loret de Mola y el medio LatinUS enfrentan demandas por daño a la imagen interpuestas por la parte actora, con reclamos que ascienden a 200 millones de pesos cada una. El periodista ha reportado preocupaciones respecto a su seguridad personal en medio de la controversia legal y política que rodea el caso desde su origen.
Medios de comunicación y analistas han expresado críticas hacia el fallo, con publicaciones como López-Dóriga Digital describiendo al organismo como un “tribunal constitucional a la medida” que absolvió lo que consideraban “inabsolvible” en los hechos. Esta divergencia de opiniones marca la polarización entre la validación institucional del gobierno y los sectores que perciben una manipulación de la justicia para proteger a figuras del movimiento político originado por Andrés Manuel López Obrador.
El caso, que tuvo origen en grabaciones de 2020 donde el entonces presidente aseguraba que los recursos eran para el partido Morena, concluye esta fase judicial con una resolución que cierra la vía electoral pero mantiene abiertas las disputas en el ámbito civil y la opinión pública sobre la transparencia y el uso de recursos en la política mexicana.
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