Por Redacción
Ciudad de Mexico, 19 de marzo de 2026.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió un dictamen que declara las capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp como comunicaciones privadas inviolables, careciendo de eficacia probatoria cuando se presentan sin el consentimiento de las partes involucradas. La resolución revoca una sentencia anterior y establece criterios reforzados para el uso de evidencia digital en procedimientos sancionadores.
El magistrado Felipe de la Mata Pizaña, autor del proyecto de resolución, estableció que el uso de comunicaciones privadas en procedimientos judiciales debe cumplir con un estándar reforzado de voluntariedad, trazabilidad y autenticidad. Esto significa que las pruebas digitales deben ser aportadas voluntariamente por una de las partes de la controversia y garantizar que no han sido manipuladas ni obtenidas de manera ilegal.
El caso que originó este precedente involucró una denuncia de violencia política en razón de género contra la diputada local con licencia de Morena, Almendra Negrete Sánchez. La denuncia fue presentada por la ciudadana María Emma Zermeño López y se basaba en capturas de pantalla de conversaciones privadas de WhatsApp entre Zermeño y un amigo, las cuales fueron aportadas ante notario por uno de los interlocutores.
Existe una contradicción notable entre las instancias del tribunal. La Sala Regional había considerado lícitas las pruebas bajo el argumento de que un interlocutor las aportó voluntariamente ante notario. Sin embargo, la Sala Superior rechazó este criterio, argumentando que las comunicaciones privadas gozan de protección constitucional y no pueden ser utilizadas como prueba sin cumplir los estándares establecidos.
Esta decisión sienta un precedente relevante en el sistema judicial mexicano para casos que involucren comunicaciones electrónicas. El tribunal estableció criterios clave para la validez de pruebas digitales: voluntariedad, entendida como aportación por una de las partes de la controversia; trazabilidad, que permite seguir el origen de la comunicación; y autenticidad, que garantiza la integridad del contenido sin manipulaciones.
La implicación de este dictamen trasciende el caso específico y podría afectar numerosos procedimientos donde se hayan utilizado capturas de mensajería instantánea como evidencia. Expertos en derecho electoral señalan que esto obliga a las autoridades a implementar protocolos más estrictos para la admisión de pruebas digitales en futuros casos de violencia política y otros delitos electorales.
El TEPJF con esta resolución reafirma la protección del derecho a la privacidad en las comunicaciones electrónicas, alineándose con principios constitucionales de inviolabilidad de correspondencia. La decisión marca un punto de inflexión en cómo el sistema de justicia mexicano aborda la evidencia digital en era de mensajería instantánea predominante.
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