Badiraguato, 09 de abril de 2026.- Trece elementos del Ejército Mexicano fueron vinculados a proceso por el homicidio de Leidy y Alexa, de 11 y 7 años de edad, respectivamente, así como por la tentativa de homicidio de dos adolescentes y dos adultos, todos integrantes de una misma familia.
El 6 de abril, el juez de control Josué Noé Egure Yáñez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Los Mochis, dictó la vinculación a proceso por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.
Los hechos ocurrieron el 6 de mayo de 2025 en la comunidad de La Cieneguilla, Sinaloa. Según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la familia transitaba en una camioneta con dirección a la escuela cuando un convoy de tres vehículos del Ejército que circulaba en el otro carril abrió fuego en contra del vehículo sin previo aviso o justificación alguna.
Un convoy de tres vehículos del Ejército disparó en más de cien ocasiones contra la unidad en la que viajaba la familia. Leidy y Alexa murieron en el acto. Las víctimas también incluyen una adolescente de 14 años, otra de 12 y dos adultos más.
El 31 de marzo pasado las víctimas fueron notificadas de la aprehensión de los 13 militares. Agentes de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos presentaron pruebas que acreditaban el uso letal de la fuerza de forma injustificada, por lo que se trató de una actuación dolosa.
En un inicio se anunció que se trató de un enfrentamiento, versión que nunca fue desmentida ni corregida públicamente por las autoridades. La familia de las dos niñas denunció el uso ilegítimo y arbitrario de la fuerza.
La defensa de los militares alegó un contexto de violencia en el estado, uno de los más peligrosos del país por la disputa entre carteles de la droga. La jurisdicción militar abrió una investigación paralela sobre los hechos.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez señaló que los elementos castrenses cuentan con adiestramiento y formación en el uso de la fuerza y existía una alta previsibilidad del resultado letal. La expectativa es que todas las instituciones estén a la altura del desafío que implica garantizar verdad y justicia en el homicidio de dos niñas a manos de elementos castrenses.
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