Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) logró la vinculación a proceso de Blanca María del Rocío Estrada Ortega, ex subprocuradora de Justicia en Guerrero, así como de otra exfuncionaria identificada solo como Margarita A., en un desarrollo judicial que se enmarca en las pesquisas sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La resolución fue emitida por la jueza Nora Ileana García Peralta, quien determinó la imposición de prisión preventiva oficiosa para Estrada Ortega, quien será trasladada al penal femenino de Santa Martha Acatitla en esta capital.
De acuerdo con la información disponible, la decisión judicial se sustentó en el hallazgo de elementos probatorios relacionados con la posesión de cartuchos de arma de fuego y medicamentos controlados. Aunque existen referencias periodísticas que mencionan inicialmente delitos contra la salud, los detalles específicos apuntan a la tenencia ilegal de armamento y fármacos como los motivos inmediatos para la vinculación a proceso de la exfuncionaria guerrerense.
Este movimiento procesal ocurre mientras la FGR mantiene abierta una investigación activa contra Estrada Ortega por su presunta participación en los hechos de Iguala, Guerrero, ocurridos en septiembre de 2014. Las autoridades federales han señalado previamente la pérdida, ocultamiento o destrucción de videos provenientes de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, documentos clave que podrían esclarecer la dinámica de la desaparición forzada de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
La situación legal de la segunda involucrada, Margarita A., cuyos apellidos no han sido divulgados en los reportes iniciales, presenta menos claridad en cuanto a los cargos específicos que motivaron su vinculación, aunque su detención y procesamiento se dan en el mismo contexto operativo desplegado por la fiscalía. No se ha especificado si ambas mujeres enfrentan exactamente los mismos delitos instrumentales o si las acusaciones varían según el grado de responsabilidad atribuido a cada una durante la indagatoria.
Con la medida cautelar de prisión preventiva decretada, el plazo de investigación se fija en dos meses, periodo durante el cual el ministerio público deberá integrar los elementos necesarios para definir la situación jurídica definitiva de las imputadas. El caso continúa bajo escrutinio debido a la sensibilidad social que representa la búsqueda de verdad y justicia para las familias de los 43 jóvenes desaparecidos hace más de una década.
About The Author
