Ciudad De México, 12 de abril de 2026.- La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Baja California Sur confirmó la vinculación a proceso del ex oficial mayor Alan Sotelo Burgoin por el delito de abuso de autoridad por simulación. El funcionario quedó sujeto a proceso por la contratación de una empresa financiera que debía gestionar un crédito bancario para el gobierno municipal de Los Cabos y que, pese a no realizar ningún trámite, recibió un pago millonario autorizado por el propio Sotelo.
El juez de Control determinó tres medidas cautelares para el exfuncionario: firma periódica quincenal, prohibición de acercarse al domicilio del Ayuntamiento de Los Cabos y prohibición de acercarse o comunicarse con testigos y/o denunciantes. Con esta decisión, Sotelo Burgoin se suma al exalcalde Óscar Leggs Castro y al extesorero Martín Talamantes, quienes fueron los primeros dos exfuncionarios del Ayuntamiento de Los Cabos vinculados a proceso por el mismo delito. La Fiscalía señala a cinco exfuncionarios del gobierno de Leggs por haber firmado un contrato para conseguir un crédito de 300 millones de pesos, del cual se autorizó el pago de 14 millones 170 mil 560 pesos a la empresa financiera sin que la gestión se llevara a cabo.
En otro frente judicial relacionado con figuras públicas, el conductor de televisión Patricio Cabezut aseguró que demandará al periodista Carlos Jiménez (C4) por daño moral. Cabezut afirmó que Jiménez difundió incorrectamente su ratificación de vinculación a proceso por presunto abuso y calificó la información como errónea y distorsionada. “Yo no he sido sentenciado en ningún proceso. Hasta el día de hoy sigo siendo inocente. La información que este señor presenta es errónea, está distorsionada”, declaró el conductor.
Cabezut calificó de deleznable al “pseudo periodista” y anunció que emprenderá una demanda civil. “Utiliza conceptos que atentan contra mi presunción de inocencia. Hay, por lo tanto, elementos suficientes para iniciar una demanda por la vía civil por la acción de daño moral. Me humilla, atenta contra mi dignidad”, expresó. Por su parte, Carlos Jiménez respondió a la amenaza asegurando que no lo van a callar y refrendó que Cabezut está vinculado a proceso, señalando que la denuncia por daño moral es un intento de silenciarlo por “evidenciar su sucia realidad”.
Por otro lado, la defensa del exfutbolista Omar Bravo solicitó llevar el proceso de su cliente en libertad bajo fianza, pero la petición fue negada, por lo que seguirá en prisión preventiva en el Penal de Puente Grande de Jalisco. Bravo fue detenido en 2025 por agentes de la Fiscalía de Jalisco tras quedar acusado por el presunto delito de abuso sexual en agravio de su hijastra, y un juez dictó su vinculación a proceso el pasado 4 de octubre.
El abogado Juan Soltero, representante de la defensa, explicó que uno de los hechos imputados ocurrió cuando la menor tenía menos de 12 años, lo cual agrava la pena. “La pena sería de 5 a 10 años de prisión”, indicó Soltero. Se estima que Omar Bravo podría permanecer en prisión hasta por dos años mientras se resuelve su situación, aunque en caso de determinar su culpabilidad podría alcanzar hasta 20 años de cárcel, mientras la defensa de la víctima solicitaría una pena de entre 5 a 10 años.
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