Mexicali, 25 de marzo de 2026.- Un juez penal vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por su presunta responsabilidad en el delito de corrupción relacionado con la contratación de una planta fotovoltaica. La decisión fue emitida tras una audiencia que inició a las 09:23 horas del 23 de marzo, donde la Fiscalía General del Estado de Baja California presentó pruebas sobre un contrato por 4,500 millones de pesos a 30 años con la empresa Next Energy, el cual incluyó un pago inicial de 123 millones de pesos sin que se materializara la obra.
El magistrado Gerardo Anguiano Ceja determinó que existen elementos suficientes para someter a juicio al exfuncionario, quien gobernó la entidad entre 2019 y 2021 bajo la bandera de Morena y actualmente se desempeña como dirigente del Partido del Trabajo (PT). Durante el procedimiento legal, la defensa, encabezada por los abogados Humberto Velazco e Hiram Sánchez, presentó argumentos para contrarrestar las acusaciones, aunque el juez consideró pertinente la vinculación a proceso dada la naturaleza de los fondos públicos involucrados.
De acuerdo con los datos aportados por la autoridad investigadora, la empresa Next Energy recibió el desembolso inicial de 123 millones de pesos, pero nunca llevó a cabo la construcción de la planta de energía solar prometida en el acuerdo firmado durante la administración de Bonilla. El contrato, valorado en 4,500 millones de pesos con una vigencia de tres décadas, representa uno de los casos de mayor impacto financiero en la reciente historia administrativa del estado.
El caso se desarrolla en un contexto de tensión política entre el exgobernador y la actual titular del ejecutivo estatal, Marina del Pilar Ávila, también militante de Morena. La acción legal marca un punto de inflexión en la relación entre ambas figuras y pone bajo escrutinio las decisiones tomadas en el sexenio anterior, específicamente en materia de infraestructura energética y manejo de recursos públicos.
Con esta resolución, Jaime Bonilla Valdez enfrenta ahora un proceso judicial por corrupción que podría derivar en sanciones penales si se demuestra su responsabilidad directa en la autorización y ejecución del pago a la contratista sin la contraprestación de la obra. La Fiscalía de Baja California continuará con la etapa de investigación complementaria para consolidar el caso antes de llegar a un juicio oral.
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