entrevista con jaime bonilla, ex gobernador de baja california
Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- El juez Gerardo Anguiano Ceja vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por delitos relacionados con el proyecto Next Energy, tras concluir una audiencia de control de detención que se extendió por casi 24 horas, iniciada el 23 de marzo. La decisión fue tomada en la Ciudad de México, donde se llevó a cabo el procedimiento judicial solicitado por la Fiscalía General del Estado de Baja California.
La acusación central se refiere a un contrato para la construcción de una planta fotovoltaica en Mexicali que nunca se materializó, generando presuntos daños al erario estatal. Según los datos duros presentados, el proyecto comprometía pagos mensuales de 123 millones de pesos por un periodo de 30 años. Como medida cautelar, la autoridad judicial fijó una garantía económica de alrededor de 100 mil pesos y estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria.
Durante el procedimiento, surgieron contradicciones entre la postura de la defensa y la acusación fiscal. Bonilla Valdez argumentó que los pagos vinculados al proyecto se efectuaron entre enero y febrero de 2022, periodo en el cual él ya no se encontraba en funciones como gobernador, pues su administración concluyó en 2021. Asimismo, sostuvo que su gobierno únicamente pactó el pago por un servicio de energía y no la construcción física de la planta.
Por su parte, la Fiscalía mantiene la imputación de delitos cometidos durante la gestión del exmandatario, señalando irregularidades específicas en la emisión de permisos y en los compromisos financieros adquiridos por su administración. Las discrepancias sobre la cronología de los pagos y la naturaleza de las obligaciones contractuales serán materia de análisis en la siguiente etapa del proceso penal.
Jaime Bonilla Valdez, quien gobernó Baja California de 2019 a 2021 y posteriormente asumió la dirigencia estatal del Partido del Trabajo (PT), queda sujeto a la justicia mientras se desahogan las pruebas en el plazo semestral determinado. El caso continúa su curso legal bajo la supervisión del juez Gerardo Anguiano Ceja, sin que hasta el momento se hayan hecho públicas declaraciones oficiales de la actual gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, respecto a las declaraciones del acusado.
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