Phoenix, 27 de marzo de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra dos residentes de Arizona, Laurence Gray, de 65 años, y Barrett Weinberger, de 73, por conspirar para proveer apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras. Según la imputación, los acusados vendieron armas a sabiendas de que serían traficadas hacia México para abastecer los arsenales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel de Sinaloa.
La investigación federal detalla que las ventas ilícitas ocurrieron en cinco ocasiones entre febrero y mayo de 2025. Los cargos se sustentan en que los implicados realizaron estas transacciones después de que el gobierno estadounidense designara a ambos grupos criminales mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras en febrero de 2025, durante la administración del presidente Donald Trump. La empresa identificada en el caso es “Grips by Larry”, propiedad de Gray, ubicada a menos de 15 minutos de la frontera con Naco, Sonora.
De acuerdo con la acusación, los delitos incluyen conspiración e intento de proveer apoyo material a una organización terrorista designada. Si son condenados, Gray y Weinberger podrían enfrentar penas de prisión de entre 10 y 20 años, además de sanciones económicas que ascienden a varios cientos de miles de dólares. Este caso representa una de las primeras acciones criminales de este tipo desde la actualización en la lista de grupos terroristas internacionales.
Existen discrepancias en la cobertura inicial de los hechos: mientras el Semanario ZETA reportó inicialmente solo a Laurence Gray como acusado, otras fuentes periodísticas y la información del Departamento de Justicia confirman la participación conjunta de ambos ciudadanos estadounidenses. Asimismo, se señala que la armería involucrada no formaba parte de la demanda civil presentada por el gobierno mexicano en octubre de 2022 contra otras cinco tiendas de armas en Arizona por su presunta participación en el tráfico de armamento.
La designación de los cárteles mexicanos como entidades terroristas ha permitido a las autoridades federales de Estados Unidos aplicar estatutos más severos contra quienes faciliten su operatividad logística y bélica. Con esta imputación, el Departamento de Justicia busca establecer un precedente legal sobre la responsabilidad penal de los proveedores de armas que operan cerca de la frontera sur y que knowingly suministran equipamiento a grupos ya clasificados bajo dicha categoría de seguridad nacional.
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