Torreón, 27 de marzo de 2026.- A un año del inicio de las investigaciones por el presunto fraude conocido como el “Cártel Inmobiliario”, la Fiscalía General del Estado de Coahuila reportó avances significativos en la judicialización de los casos, mientras un grupo de afectados se manifestó frente a la Delegación Regional Laguna I para exigir celeridad y castigo a los responsables.
El delegado regional, Carlos Rangel, informó que se han integrado 60 denuncias formales y girado 12 órdenes de aprehensión contra presuntos involucrados en un esquema que habría causado un daño patrimonial cercano a los 19 millones de pesos. Como resultado de estas acciones, actualmente hay dos mujeres detenidas, una de las cuales fue reaprehendida recientemente tras haber alcanzado previamente un acuerdo reparatorio avalado por la víctima.
Según el funcionario, se estableció una estrategia de atención directa con más de 20 sesiones de trabajo, colectivas e individuales, para definir una ruta de acción conjunta. Rangel señaló que la mayoría de las carpetas de investigación ya están integradas y judicializadas, aunque reconoció que aún falta la localización de dos personas señaladas como principales organizadores del esquema, quienes cuentan con órdenes de aprehensión pero han promovido amparos para evitar su captura.
Pese a los informes oficiales, los afectados mantienen su inconformidad. Alfonso Serrano, uno de los damnificados, acusó al fiscal general Federico Fernández Montaño de negarles atención adecuada, citarlos a horas tempranas para atenderlos hasta la noche y no responder a las llamadas en los canales de comunicación proporcionados. Las víctimas sostienen que, de las 60 denuncias presentadas, solo dos casos han sido judicializados efectivamente, contradiciendo la versión de la autoridad sobre el avance mayoritario de los expedientes.
Reportes periodísticos indican que las víctimas denuncian tortuguismo y nula actuación de la Fiscalía, además de señalar que uno de los principales actores, el exnotario Fernando Nicolás Muñoz Sanjuan, huyó a España. Asimismo, se ha mencionado que uno de los implicados ha sido detenido y liberado en tres ocasiones, lo que genera desconfianza en el grupo inicial de 27 afectados que impulsa las protestas.
Ante los señalamientos sobre la posible participación de funcionarios estatales y municipales, el delegado Rangel enfatizó que “la ley va a ser pareja” y que se llegará hasta las últimas consecuencias, aunque aclaró que para acreditar responsabilidades adicionales es necesario avanzar en los procesos judiciales en curso. La Fiscalía mantiene abiertas las puertas para recibir nuevas denuncias ante la posibilidad de que existan más víctimas que aún no han formalizado su querella.
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