Ciudad De México, 07 de abril de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum redobló sus críticas al informe del Comité de la ONU y rechazó por segundo día consecutivo los resultados del documento, el cual señala que las desapariciones forzadas en México se cometen de manera sistemática.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió un pronunciamiento donde indica que los más de 132 mil casos de desaparecidos “podrían constituir crímenes de lesa humanidad”. El informe describe la situación como “una crisis estructural” donde la carga de la búsqueda recae en las familias y no en el Estado.
Sheinbaum afirmó que “el Estado mexicano existe y no está rebasado” y advirtió un trasfondo político detrás de la intención del Comité de llevar el asunto a la Asamblea General de la ONU. La mandataria negó que la crisis de desaparecidos pueda ser un crimen de lesa humanidad, diciendo que es “otra cosa” definida por el organismo internacional.
Por su parte, Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena, criticó el informe señalando que “indebidamente no se toma en cuenta todas las acciones realizadas a partir de 2018 por la 4T”. Alcalde aseguró que el análisis se basa en datos de 2009 a 2017 y se enfoca en apenas cuatro estados, aunque rectificó que se trata de un grupo de expertos y no un informe oficial de la ONU.
En contraste, el presidente del Comité, Juan Pablo Albán, señaló que el análisis examina “la evolución de la situación hasta la actualidad” y no se limita a un periodo cerrado. El Comité subraya que su evaluación incorpora datos recientes, destacando 28,880 desapariciones reportadas del 1 de enero de 2023 al 22 de abril de 2025.
Uno de los puntos nodales del informe es la crisis forense, con una estimación de 72,000 restos humanos sin identificar para inicios de 2026. Se estima que hay más de 4,500 fosas clandestinas donde se han encontrado más de 6,200 cuerpos y 4,600 restos humanos, concentrándose en 2025 el 37% del total en Sonora, Veracruz y Tamaulipas.
Mientras el Gobierno realizó un cribado que arroja que solo un tercio de los registros correspondería a personas desaparecidas, la diputada Laura Ballesteros exigió que Rosario Piedra renuncie a la CNDH por su deficiente actuación. Ballesteros acusó a Piedra de ejercer un papel protector del Estado y anunció que buscará iniciar un proceso de juicio político.
Sara Hernández, integrante del Comité ¡Eureka!, afirmó que la decisión de la ONU de llevar el caso a la Asamblea General es “muy importante” e “histórica”. La Barra Mexicana de Abogados exhortó al Gobierno de México a atender las recomendaciones del Comité y a no descalificar la decisión.
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