Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Una serie de incidentes violentos ha mantenido en alerta a las autoridades de Baja California, con balaceras en Tijuana, un homicidio en Mexicali y la solicitud de pena máxima para María de la Luz Damián Andrade, alias ‘La Tía’ o ‘La Abuela’, presunta integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los eventos, ocurridos entre el 13 y 14 de marzo, incluyen daños estimados en un millón de pesos y reflejan la compleja situación de seguridad en la región.
La Fiscal General del Estado, Ma. Elena Andrade Ramírez, anunció que solicitará una condena de hasta 120 años de prisión para Damián Andrade, capturada el 27 de febrero y vinculada a procesos por delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La fiscal destacó la gravedad de los cargos, aunque admitió que un video incriminatorio mencionado en testimonios no está integrado formalmente en la carpeta de investigación.
En Tijuana, agentes municipales confirmaron una balacera la tarde del 13 de marzo en un taller mecánico de la colonia Anexa Postal, sin reportar víctimas. Horas después, en la mañana del 14 de marzo, sujetos armados atacaron con motocicletas en la colonia Baja California de Mexicali, asesinando a Luis Jorge Arredondo Maravilla. Testigos relataron que los agresores, encapuchados, llegaron en una moto y dispararon contra la víctima, cuyo estado médico previo al ataque se desconoce.
Los incidentes se suman a otros casos recientes, como el atentado del 16 de febrero en la colonia El Florido de Tijuana, donde Jorge Lee Comte Molina y Francisco Javier Pesqueira Escalante resultaron heridos, y la desaparición de Rogelio Santander el 6 de mayo de 2025, cuyo cuerpo aún no ha sido localizado. La Fiscalía General del Estado (FGE) coordina las investigaciones, aunque existen contradicciones, como la falta de órdenes de aprehensión por daños durante las manifestaciones del 8M, pese al análisis de videos para identificar participantes.
El contexto de violencia incluye enfrentamientos entre empleados de empresas privadas, operativos contra presuntos miembros del CJNG y ataques comunitarios, lo que evidencia los desafíos persistentes en la seguridad de Baja California. Las autoridades continúan recabando información para esclarecer los motivos de los ataques y el paradero de los implicados, en un esfuerzo por contener la escalada delictiva en la región.
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