Por Redacción
México, 19 de marzo de 2026.- El debate sobre la reforma electoral conocida como ‘Plan B’, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, expuso divisiones y reservas en el Senado. Mientras el Partido del Trabajo (PT) anunció su respaldo con objeciones sobre la fecha de la revocación de mandato, el Partido Acción Nacional (PAN) calificó el proyecto como una ‘farsa’ que no ataca el narco en elecciones y sí daña la equidad. La iniciativa plantea recortes presupuestales al Instituto Nacional Electoral (INE) y cambios en la integración de ayuntamientos, generando advertencias sobre mayores costos y retrocesos democráticos.
El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, criticó duramente la propuesta. Señaló que el Plan B no resuelve problemas de fondo como el dinero del narco en las campañas ni la sobrerrepresentación de Morena, y advirtió sobre lo que llamó ‘torpezas vulgares’, como la eliminación de la paridad de género en algunos ayuntamientos. Anaya también alertó que la revocación de mandato, programada tentativamente para 2027, podría convertirse en una herramienta de promoción política del gobierno en turno, afectando la equidad en los comicios de ese año.
Por su parte, el dirigente nacional del PT, Benjamín Robles, manifestó el respaldo de su partido a la iniciativa, pero con una reserva significativa: prefieren que la consulta de revocación se realice en 2028 y no en 2027. Robles cuestionó que el proceso sea impulsado desde el gobierno y no por la ciudadanía, argumentando que una fecha posterior reduciría los riesgos de inequidad. Sin embargo, esta postura no es unánime dentro del PT, ya que la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre aseguró que votará a favor del Plan B sin condiciones, mostrando una divergencia pública al interior de la bancada.
Uno de los puntos más polémicos es el impacto financiero en el INE. La iniciativa propone un recorte presupuestal progresivo del 15% en cuatro años y establece un tope salarial de 134 mil pesos mensuales para los consejeros, quienes actualmente perciben alrededor de 262 mil pesos brutos al mes. El instituto defiende su autonomía presupuestal y argumenta que estos ajustes, sumados a cambios en la estructura de regidurías que afectarían a 56 municipios con reducciones y a 1,089 con aumentos, podrían generar mayores costos operativos y dañar su capacidad para organizar elecciones.
El diputado Rubén Moreira advirtió que el verdadero objetivo del Plan B es influir en los comicios de 2027, no realizar una reforma de fondo. Calificó como un retroceso democrático la posibilidad de que el Ejecutivo participe en campañas a través del proceso de revocación, un instrumento que ya fue utilizado en 2022 y criticado por algunos sectores. El debate se enmarca en una larga tensión entre el INE y los poderes Ejecutivo y Legislativo, que se arrastra desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y pone en evidencia los desafíos para lograr un consenso en materia electoral de cara al próximo proceso federal.
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