Ciudad De México, 09 de abril de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias sin orden judicial previa en casos de sospecha de lavado de dinero. Ante el fallo, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la decisión durante la conferencia matutina del miércoles 8 de abril, asegurando que la medida busca garantizar el sistema financiero nacional y evitar el lavado de dinero.
Sheinbaum explicó que si la UIF inmoviliza una cuenta, el afectado puede presentar un amparo, cuyo proceso tarda máximo seis meses. “Si la UIF encuentra que hay lavado de dinero o presunto lavado, puede inmovilizar una cuenta. Si el privado dice: ‘Oye, esto fue de manera injusta’, puede presentar un amparo. No hay suspensión inmediata, nosotros modificamos todas las leyes que tienen que ver con el amparo (…) ahora el proceso tarda máximo 6 meses”, señaló la mandataria.
La presidenta reveló que la UIF ha inmovilizado 5 mil millones de pesos desde octubre de 2024, inicio de su administración. “Mientras tanto inmovilizamos recursos que son utilizados por la delincuencia organizada o por factureros, que es delincuencia de cuello blanco. Eso es lo que resolvió la Corte (…) ¿Es el único país en el mundo? No, en Estados Unidos también se hace”, afirmó Sheinbaum, quien sostuvo que ningún empresario tiene por qué temer que la UIF vaya a hacer algo fuera de la ley.
De acuerdo con lo publicado, la facultad de la UIF se aplicará exclusivamente contra el crimen organizado y no con fines de persecución política, según explicó el titular del organismo, Omar Reyes Colmenares. Con el fallo, las instituciones financieras deberán notificar al usuario las razones del congelamiento y su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas. La persona afectada contará con 5 días hábiles para solicitar audiencia ante la UIF, la cual deberá otorgarla en un plazo de 10 días hábiles y emitir una resolución en un máximo de 15 días hábiles.
Sheinbaum recordó que anteriormente la UIF podía inmovilizar cuentas, pero los afectados obtenían amparos de manera inmediata, lo que permitía retirar el dinero y dejaba sin efecto las investigaciones. “La UIF nunca en la historia le ha cerrado la cuenta a un empresario, empresaria o a nadie que no esté implicado en lavado de dinero”, insistió la presidenta.
Por otro lado, la organización política Somos México señaló a la SCJN y la UIF de violentar la Constitución al congelar cuentas bancarias sin mandato judicial. La agrupación indicó que el bloqueo procederá sólo con que haya indicios de una operación financiera irregular, “dejando en total indefensión a la ciudadanía”. Somos México afirmó que con argumentos político-ideológicos identificados con Morena, la SCJN entregó al Poder Ejecutivo la decisión de bloquear cuentas bancarias, dado que la UIF depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La organización criticó que ya no será necesaria una petición internacional con expediente de prueba para que un juez autorizara el bloqueo. Asimismo, Somos México aseveró que con el desechamiento de dos amparos y la propia reforma a la Ley de Amparo del 2025, la parte afectada no podrá ampararse para solicitar la suspensión de la medida que dure el juicio.
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